La comunicación pública, mucho más que simple transparencia

19.03.2016 09:25

 

En estos meses de posesiones y nombramientos en administraciones municipales y departamentales, en entes descentralizados y demás empresas del Estado, llama la atención lo poco estratégicos que son algunos de los nuevos mandatarios y funcionarios en materia de comunicación pública. No solo los entrantes, a los que nos referiremos hoy, sino también los salientes que se van dejando muchos vacíos comunicativos.

Los nombramientos en algunas administraciones - y la falta de nombramientos en otras – dejan ver un desconocimiento total por parte de los funcionarios de lo que significa  la comunicación para un gobernante y del gran valor que puede tener para sus gobernados. No sólo como un acto de transparencia obligado por la ley, sino como una herramienta de construcción de la reputación corporativa, como una herramienta para la democracia y para la construcción de gobiernos verdaderamente participativos.

La Comunicación Pública es aquella que en esencia facilita las discusiones sociales  y permite la participación de los diversos actores de la sociedad en las decisiones, por lo menos desde la perspectiva de una información oportuna y transparente. Esta comunicación es la encargada de la relación entre los entes administrativos del bien público y los medios masivos de comunicación, debe trabajar la imagen y la reputación de los gobernantes, y debe garantizarles a los ciudadanos el derecho a una información libre y plural de los actos del gobierno.

Razón le asiste a Germán Caicedo cuando advierte que gobernar es comunicar, “porque el éxito de una administración pública depende también de la forma como el jefe de la institución se relacione y se comunique con sus públicos internos y externos. Lo cual no significará que se pueda gobernar únicamente a través de la comunicación".

Eso sí, la comunicación pública debe ser una herramienta para comunicar la personalidad de la organización, no la del jefe. Una secretaría de comunicaciones no puede estar al servicio de un gobernante en particular, sino de la institucionalidad en general. Eso significa dar a conocer en forma transparente el comportamiento de ésta en sociedad, sus actuaciones públicas y privadas. 

No puede pensarse la comunicación como un cargo, como un asunto de burocracia. Esa mirada, aunque muy común, es reduccionista. La comunicación es un eje transversal en cualquier organización y no es algo tan simpe como nombrar un jefe de prensa para que sirva de puente con los periodistas y les haga los contactos pertinentes cuando éstos requieran una voz oficial.  Tampoco es suficiente con tener un equipo que acostumbre a los funcionarios a estar dispuestos en forma permanente para los medios masivos y hasta los capacite para ello. Esas son acciones propias del área, pero no son sus asuntos estratégicos. Es necesario que los gobernantes entiendan que para su buen gobierno es necesario establecer políticas públicas de comunicación, a la manera de unos criterios básicos del quehacer comunicativo. Parafraseando al mismo Caicedo, es imperativa la construcción del plan de comunicación oficial que contenga las bases sobre las que se sustentarán los planes y proyectos gubernamentales, para hacerlos comunicables ante la opinión pública.

El problema en nuestro caso, revisando nombramientos y propuestas en varios municipios del país, es que hay alcaldes que  nombraron como Jefes de Comunicaciones a jovencitos imberbes en materia de comunicación corporativa e inexpertos en el campo de la administración pública, por el prurito de haberlos acompañado en campaña, cuando no porque son recomendados o familiares de algún benefactor de su campaña. Un puesto más. En otros casos, también abundantes, nombran reconocidos reporteros con quienes han tenido contacto prolongado por su labor, pero que también carecen del soporte académico y la experiencia para diseñar verdaderas estrategias de comunicación pública; lo que no es ni pertinente ni suficiente.

Vista así, la comunicación no puede ser una carga en las organizaciones públicas, ni mucho menos una agencia de publicidad que se dedique a la asignación de la pauta del estado en los medios masivos, como ocurre con frecuencia. Un buen gobernante debe ser consciente de que su primer talento a elegir, su mano derecha y su estratega debe ser un comunicador. Alguien que comprenda y le ayude a construir una buena comunicación con la ciudadanía, que sepa manejar las herramientas y los canales  de comunicación internos y externos. Una persona competente que comprenda la función y el funcionamiento de los medios masivos y que asuma el reto, bastante complejo entre otras cosas, de difundir entre los gobernados, con algunos matices didácticos, argumentativos y narrativos, no meramente informativos, los actos de gobierno.

Un verdadero comunicador público no es un simple puente entre los gobernantes y los medios; no es aquél que se dedica a ocultar los defectos de la administración de turno y a pontificar o agrandar sus actuaciones. El equipo de comunicaciones está para garantizarles a los ciudadanos el derecho a la información; no para garantizarle al gobernante su presencia mediática.  

La función pública exige una comunicación estratégica y pensante, capaz de diseñar escenarios de diálogo con los diversos stakeholders de la administración, y de promover la participación ciudadana en la toma de las decisiones que afectan a la comunidad. Debe ser consciente de que la identidad corporativa pública – qué hace, como lo hace, cómo se comporta y cómo se comunica la organización – repercute directamente en el reconocimiento, el respeto y la confianza que la gente adquiera de ella, es decir, en su reputación corporativa, el más importante activo de cualquier empresa pública o privada.

En el panorama actual en Colombia, es hora de que la comunicación pública diagnostique su escenario de actuación y genere líneas de acción para el mejor desempeño de los gobernantes, para direccionar sus mensajes, y para proyectar su gestión hacia sus gobernados; que son los realmente fundamentales en la denominada “cosa pública”. 

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